"VII. AGRAVIOS

PRIMERO.- Ese H. Tribunal deberá considerar que el Oficio por el que se emplaza a mi representada al procedimiento previsto en el Libro Séptimo, Título Primero, Capítulo Cuarto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y cita a la audiencia prevista en el artículo 369, del mismo ordenamiento, también resulta ser un acto viciado de origen al tenor de las siguientes consideraciones:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige diversas formalidades esenciales en los procedimientos administrativos tal como lo es el de la debida fundamentación y motivación.

Los principios de la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad fue acogida por el legislador en materia electoral y prevista en el artículo 105 punto 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que a la letra dice:

Artículo 105 (Se transcribe).

En efecto, el principio de legalidad en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite en los términos limitativos que la literalidad indica, es decir, la autoridad se encuentra obligada a actuar en los términos que la ley prevé, hecho que se traduce en certeza jurídica en beneficio de los particulares.

En este sentido, la correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.

Dicho lo anterior, consideramos que lo conveniente es analizar la naturaleza jurídica del procedimiento especial sancionador incoado por el Instituto Federal Electoral por conducto del Secretario Ejecutivo, en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como la finalidad de los dispositivos normativos que disponen tal procedimiento especial.

En efecto, la autoridad administrativa inició en contra de mi representada un procedimiento especial sancionador conforme a lo previsto en los artículos 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin embargo es omisa en considerar que el procedimiento especial sancionador ("PES") tiene por objeto velar por el debido desarrollo de los procesos electorales y de eliminar de manera pronta todos aquellos factores que pudieran intervenir en él de manera negativa vulnerando el marco legal en materia electoral.

Aún cuando el numeral 367 del COFIPE establezca de forma expresa la procedencia de este procedimiento ante presuntas violaciones a la base III del artículo 41 Constitucional, no debemos pasar por alto que dicho procedimiento también se refiere a lo señalado en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, de lo que obtenemos un primer indicio -corroborado por lo que adelante se sostendrá- de que sólo contra este tipo de infracciones resulta procedente el procedimiento incoado por la autoridad en el que ahora se comparece.

Esto es, el párrafo que se comenta perteneciente al artículo 134 Constitucional, establece una serie de obligaciones aplicables y exigibles a los destinatarios de dicha norma. En particular, a los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones.

Ellos, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Ahora bien, la consecuencia de este procedimiento, según lo señala el artículo 370, punto 2 del COFIPE, señala que en caso de que desahogado el procedimiento en cita, el Consejo General del IFE, compruebe la infracción denunciada, ordenará la cancelación inmediata de la transmisión de la propaganda política o electoral en radio y televisión motivo de la denuncia; retiro físico, o la inmediata suspensión de la distribución o difusión de la propaganda violatoria del Código.

Esto es, la sería tal que impediría la verificación de ciertos actos que al ser de carácter positivo, vulneren el postulado normativo previsto en el párrafo séptimo del artículo 134 Constitucional, sin que de la redacción del artículo 370, punto 2 apenas comentado, se pueda derivar alguna otra sanción.

El hecho de que en la especie se hubiera derivado una sanción pecuniaria conforme al procedimiento en cita, es del todo ilegal ya que no corresponde a los fines de dicho Procedimiento Especial Sancionador.

En otras palabras, el PES está originalmente concebido para la tramitación, resolución y sanción de conductas positivas realizadas por servidores públicos en contravención a lo señalado en el artículo 134 de la Constitución en su párrafo séptimo, sin que en tal virtud, sea aplicable al caso de mi mandante, máxime que la única sanción que se puede derivar de este procedimiento, resultaría incongruente e ilógica en el caso de mi representada por las presuntas conductas que en la especie se están analizando -un no hacer-.

Lo anterior se corrobora con la existencia y procedencia del otorgamiento oficioso o a petición de parte de medidas cautelares, así como la disposición legal expresa de que las denuncias deben ser desechadas de plano, sin prevención alguna, cuando la materia de la denuncia resulte irreparable (como lo sería, en el supuesto sin conceder, en el caso que se trata).

En tal virtud, considerando que el procedimiento especial sancionador cuenta con una serie de términos y órdenes de tramitación expeditas a efecto de velar por el debido proceso electoral pero con efectos suspensivos de actos positivos, como lo es la propaganda política en los términos en que se comenta que el artículo 134, párrafo séptimo lo regula, es claro que no aplica para el caso de mi representada.

No obstante, la contraria señala precisamente lo opuesto en la resolución sujeta a debate.

SEGUNDO.- La resolución que por esta vía se recurre resulta ilegal, toda vez mi representada no incurrió en faltas y mucho menos se incurrieron en infracción alguna dado que la falta específica radicó que en el Instituto Federal Electoral, fue omiso en notificar correctamente las pautas de transmisión de spots ni de sus anexos, violentando así el artículo 45 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, que textualmente señala lo siguientes.

Artículo 45 (Se transcribe).

El artículo antes referido señala detalladamente el procedimiento al que están obligadas las autoridades electorales, para notificar a los concesionarios de radio y televisión las pautas que tienen que transmitir, dicho procedimiento en la parte que ahora nos interesa, señala que las pautas se deberán notificar con al menos 20 días de anticipación a la fecha de inicio de transmisiones y surtirá sus efectos el mismo día en que se realice.

Ahora bien, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, al resolver el expediente SCG/PE/CG/026/2009, a través del cual se le impone una multa a cargo de mi mandante en cantidad de $250,000.00, argumentando que en el oficio STCRT/560/2009, de fecha cuatro de marzo de 2009 el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos se indicó que la omisión se actualiza en razón de que "Cadena" fue debidamente notificada de los pautados en comento y recibió oportunamente los materiales que le permitirían dar cabal cumplimiento al citado acuerdo y no obstante de ello, la transmisión no fue realizada en los términos aprobados por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral.

Continua señalando que el 13 de noviembre de 2008, mi representada fue notificada formalmente de los pautados correspondientes a los promocionales de partidos políticos que deberían ser transmitidos en las estaciones de radio XEXA-AM 540 Khz, durante los días 20 de noviembre al 18 de enero de 2009 y así mismo que le fueron entregados los materiales atinentes para el debido cumplimiento de las transmisiones.

Es importante señalar en diversas actuaciones del expediente como en la resolución que hoy se apela se afirma expresamente que el oficio DEPPP/CRT/10682/2008, de fecha 8 de noviembre de 2008, emitido por el C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través del cual se notificaron las pautas y se entregaron los materiales que contiene los promocionales de los partidos políticos, fueron del conocimiento de mi representada efectivamente hasta el día 13 de noviembre de 2008.

Esta circunstancia es fácilmente comprobable de la simple verificación que se realice al Oficio en comento, mismo que fue ofrecido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y televisión del Instituto Federal Electoral como prueba 1, en el expediente SCG/PE/CG/026/2009, y de cuya parte frontal se desprende la fecha y hora en que el mismo, junto con sus anexos, fue conocido por mi mandante.

En dicho oficio consta la leyenda:

"Recibí c/material Andrea Espinoza 13 de noviembre de 2008".

En tales condiciones, si mi mandante fue notificada por el Instituto Federal Electoral hasta el día 13 de noviembre de 2008, del material que se comenta, es claro que no estuvo en aptitud legal ni fáctica de transmitir dicho material en el periodo del (20 de noviembre de 2008 al 31 de enero de 2008).

Lo anterior es así, toda vez que mi representada necesita de un tiempo previo para organizar la programación que va a transmitir, así como realizar todas las acciones técnicas de los programas, para el buen desarrollo de las mismas.

En efecto, tal circunstancia fue prevista por la propia autoridad electoral al emitir el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral en específico el artículo 45, punto 1, inciso a, que señalara que las notificaciones de las pautas se harán con al menos 20 días de anticipación a la fecha de inicio de transmisión.

En la especie, si el DEPPP/CRT/10682/2008 de fecha 8 de noviembre de 2008, a través del cual se entregaron las pautas y los materiales que contiene los promocionales de los partidos políticos, fueron notificadas el 13 de noviembre de 2008 y el periodo por el que se sanciona a mi representada por la omisión de transmitir los promocionales de partidos políticos comprende del 20 de noviembre de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

De ello se colige también que las ahora actora en ningún momento incurrió en infracción alguna dado que la falta específica radicó en la indebida notificación de oficio el DEPPP/CRT/10682/2008 de fecha 8 de noviembre de 2008, por EXTEMPORÁNEO conforme lo dispone el artículo 45 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.

Esto es, con 20 días de anticipación al día 20 de noviembre de 2008, fecha en que el oficio multicitado señalaba el inicio de la transmisión de los promocionales electorales y que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, nunca hizo de su conocimiento -en tiempo y forma-, esto es 20 días antes de la fecha en que se tenían que transmitir, ocasionando por consecuencia que mi representada no tuviera el tiempo ni los recursos necesario para trasmitir adecuadamente los promocionales electorales a que estaba obligada.

Señalado lo anterior, es que la resolución que hoy se combate atenta con el principio de legalidad, y por ende se deberá de considerar infundada, dado que existen violaciones durante el procedimiento y por ende no se actualiza incumplimiento alguno por parte de la Concesionaria.

Habiéndose corroborado en donde radicó la falla, se solicita la completa absolución de la Concesionaria respecto de cualesquier tipo de sanción a imponerse a las sobre supuestas conductas infractoras por ellas cometidas. Lo anterior, por así proceder conforme a derecho.

En efecto, el Reglamento prevé un procedimiento de "notificación de las pautas", esto con el afán de que las Concesionarias se encuentren jurídica y técnicamente en posibilidad de cumplir con las obligaciones legales en materia electoral.

Lo anterior porque se pasaron por alto la existe una serie de formalidades que deben ser reunidas para que se entiendan por practicadas conforme a derecho las pautas a los concesionarios, tal es el caso de la formalidad prevista en el inciso a) del punto 1 del artículo 45 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral que ordena que las notificaciones de las pautas deberán ser realizadas con al menos 20 días de anticipación a la fecha de inicio de transmisiones, y surtirán sus efectos el mismo día de su realización.

Por las anteriores consideraciones se habrá de considerar ilegal la resolución hoy recurrida, dado que existe una violación al artículo 45 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral

TERCERO. Se contraviene la legalidad de la resolución contenida en el oficio CG86/2009, contenida en el expediente SCG/PE/CG/026/2009, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por violar lo previsto en el artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en razón de que las facultades de la autoridad para iniciar un procedimiento de investigación y sancionador habían caducado como a continuación se acreditará.

Artículo 105 (Se transcribe).

De lo anterior transcrito podrá apreciar esa H. Sala que en efecto, el Instituto Federal Electoral se encuentra obligada a emitir su actos observando los principios de certeza y legalidad en este sentido las autoridades están facultadas a realizar lo expresamente previsto por la Ley y en los términos que la misma precisa, lo contrario violentaría el estado de derecho y por ende las garantías de seguridad jurídica de los particulares.

Ahora bien, respecto del tercer argumento vertido por mi representada en el escrito ratificad en audiencia celebrada en el procedimiento, mi representada argumentó esencialmente que el párrafo 5 del artículo 58 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, prevé que dentro de los proceso electorales los supuestos incumplimientos a los pautados deben observarse los plazos a 12 horas para notificar a la emisora sobre presuntas infracciones y a 24 horas para que dé respuesta y que toda vez que entre el momento en que ocurrieron los hechos que se le imputaron a mi representada y aquél en el que fue notificada de las supuestas irregularidades transcurrió en exceso el término de 12 horas a que se refiere el párrafo 5 del artículo 58 del Reglamento citado, razón por la cual se había actualizado la caducidad de la facultades investigadoras y por ende sancionadoras del Instituto, en el caso del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral.

Sobre el particular la autoridad resolvió:

"Respecto del punto a) referido a la operatividad de la figura jurídica de la caducidad para determinar la extinción de las atribuciones de la autoridad electoral para sancionar a Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A de C.V. se arriba a la conclusión de que el precepto reglamentario que invoca en su favor no previene la extinción de la posibilidad de sancionar a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión ni tampoco prevé en forma alguna un límite temporal para el válido ejercicio de la facultad sancionadora que tiene la autoridad electoral.

Cabe mencionar que las disposiciones reglamentarias que se invocan contemplan un procedimiento ajeno a la sustanciación del procedimiento especial sancionador, toda vez que se trata de facultades que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, puede ejercer en labores de investigación ante la presencia de una probable irregularidad en la que incurran los concesionarios o permisionarios de televisión para efectuar las observaciones pertinentes ante una posible infracción a las obligaciones de estos últimos para solicitar las aclaraciones pertinentes y que solamente en caso de no justificar la observación o satisfacer a cabalidad la investigación realizada se de vista o se denuncie la posible violación a la normatividad electoral que le es aplicable, situación que ya fue analizada al estudiar la causal de improcedencia que se hizo consistir en la falta de competencia del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Al respecto, se advierte que el artículo 58 del Reglamento de Acceso a Radio y televisión en materia Electoral fue plenamente cumplido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en virtud de que no es posible aplicar aisladamente el artículo 58 que se invoca, toda vez que debe ser analizado conjuntamente con los artículos 57 y 59 de dicho Reglamento."

De lo anterior se aprecia que categóricamente el Consejo afirma que el artículo 58 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral no previene la extinción de la posibilidad de sancionar a los permisionarios o concesionarios de radio y televisión ni tampoco prevé en forma alguna un límite temporal para el válido ejercicio de la facultad sancionadora electoral y que las disposiciones reglamentarias que se invocan contemplan un procedimiento ajeno a la sustanciación del procedimiento especial sancionador, toda vez que se trata de facultades que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral.

En este contexto, es necesario atender que:

a) Se aprecia a foja 2 de la resolución que se recurrida, supuestamente durante los días 20 de noviembre al 31 de diciembre del año 2008, de febrero del 2009, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral detectó que mi representada no cumplió con las pautas de transmisión ordenadas por el Instituto.

b) Así mismo, a foja 2 de la resolución recurrida se reconoce expresamente que con fecha 18 de febrero de 2009, fue notificado a mi representada el oficio DEPPP/STCRT/0068/2009, mediante el cual se requirió a mi representada para que rindiera un informe en el que señalara si se realizaron las transmisiones ordenadas para las fechas referidas en el párrafo que precede.

c) Que expresamente el párrafo 5 del artículo 58 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, prevé que:

Artículo 58 (Se transcribe).

Sirve en el caso citar la tesis señalada en el escrito de manifestaciones en el procedimiento especial sancionador.

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS. (Se transcribe).

Al tenor de lo expuesto, consideramos que de la redacción del párrafo 5º. del artículo 58 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral se evidencia la clara intención de someter a las autoridades y a los obligados a un ordenamiento en el que se atienda además a la certeza, eficacia y validez de los actos creando un sistema que dé seguridad jurídica en el actual del Instituto, argumento en el que se puede sustentar una obligación recíproca en el reglamento que se trata tal como lo es: a) Observancia del plazo de 12 horas para notificar a la emisora sobre presuntas infracciones y b) 24 horas para que dé respuesta el concesionario o permisionario.

Así las cosas, resulta claro que los argumentos vertidos por el Consejo General del instituto Federal Electoral para desvirtuar la actualización de la CADUCIDAD a que hemos aludido son insuficientes.

En éste entendido, toda vez que el oficio DEPPP/STCRT/0068/2009, mediante el cual se requirió a mi representada para que rindiera un informe en el que señalara si se realizaron las transmisiones ordenadas, emitido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral fue notificado en forma extemporánea, el procedimiento especial sancionador instaurado con base en el mismo resulta constituir un procedimiento viciado de origen y por ende ilegal.

CUARTO.- Competencia de Origen del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos para requerir información y, constituirse como órgano denunciante de presuntas conductas infractoras.

La resolución que ahora se apela es ilegal, por estar indebidamente fundada y motivada y ser fruto de un acto viciado de origen, ya que el oficio de requerimiento número DEPPP/STCRT/0068/2009, de fecha 11 de febrero de 2009, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, es un acto viciado ya que dicha autoridad carece de facultades.

Lo anterior, viola sin duda lo dispuesto por los artículos 129 del COFIPE, artículo 4º. numeral 1, apartado B), I romano, inciso c); 40, 44, del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral; artículo 3°, 4º., 57 al 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, pues se considera que tal autoridad no tiene competencia para haber emitido el oficio en comento.

En concordancia con el artículo 16 del Pacto Federal, que ordena que los actos administrativos que deban notificarse, deberán estar debidamente fundados y motivados, entendiendo por lo anterior que se deberá citar el precepto legal aplicable al caso en particular, así como las circunstancias de hecho, causas inmediatas o razones que tomó en cuenta la autoridad para emitir el acto en comento; además deberá existir adecuación entre el fundamento legal invocado y las circunstancias especiales del caso en particular, de tal forma que los elementos integrantes de la hipótesis normativa contenida en la norma jurídica estén plenamente acreditados en la realidad, cumpliendo así con una completa adecuación de la norma jurídica de que se trate con las situaciones fácticas verificadas y evidentemente emitirse por una autoridad competente.

La jurisprudencia sostenida por los Tribunales pertenecientes al Poder Judicial Federal, así como la sostenida por la H. Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ha señalado en innumerables ocasiones que por lo anterior, se debe entender la cita, bajo una correcta apreciación, de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan efectivamente verificado en la realidad y que se hubieran tenido en consideración para la emisión de un acto; así como la cita del precepto legal perfectamente aplicable al caso en particular; además de que debe existir una adecuación entre las primeras y el segundo para considerar que un acto se encuentra debidamente motivado y fundado.

Sirven para confirmar lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial:

COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.- Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecué exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.

Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 17 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecinueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Miguel Ángel García Domínguez, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 10/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede. El señor Ministro Miguel Ángel García Domínguez integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud del Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso. Ausentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, José Antonio Llanos Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Genealogía:

Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Primera Parte, Materia Común, tesis 165, página 111.

Registro No. 205463, Localización: Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 77, Mayo de 1994, Página: 12, Tesis: P./J. 10/94, Jurisprudencia, Materia(s): Común

FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el Artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, extendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Amparo en Revisión 8280/67.- Augusto Vallejo Olivo, 24 de junio de 1968, 5 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Amparo en Revisión 9598/67. Oscar Leonel Velasco Casas, 1o de julio de 1968, 5 votos. Ponente: Alberto Orozco Romero.

Amparo en Revisión 3731/69.- Elias Chahín, 20 de febrero de 1970, San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, D.F., y otros, 24 de julio de 1968, 5 votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.

Amparo en Revisión 4115/68.- Emeterio Rodríguez Romero y Coags, 26 de abril de 1971, 5 votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez, Informe 1973, Segunda Sala, Página 18.

Ahora bien, por competencia debemos entender como la aptitud que confiere la ley para que un órgano del Estado (incluyendo las autoridades en materia electoral) emita un acto jurídicamente válido.

En el caso en concreto, tratándose de un procedimiento especial administrativo sancionador, éste se forma por un conjunto de actos jurídicos -actos procesales- que preceden y preparan al acto administrativo final (sanción). Sin embargo, todos estos actos deben guardar una misma naturaleza, que necesariamente debe ser legal, es decir, cumplir con los requisitos de debida fundamentación y motivación, y estar emitidos por un órgano competente.

Ahora bien, el Oficio DEPPP/STCRT/0068/2009 de fecha 11 de febrero de 2009, suscrito por el Secretario del Comité de Radio y Televisión y que sirvió como sustento para la emisión del Oficio SCG/311/2009, y éste a su vez para la Resolución que ahora se impugna, es ilegal, por provenir de una autoridad que carece de facultades para requerir el informe y grabaciones que señaló, en términos y para los efectos del Reglamento de Radio y Televisión y del Reglamento Interior del IFE.

En efecto, mi mandante niega lisa y llanamente que dicho órgano sea competente para el requerimiento, la verificación y monitoreo de las transmisiones y programas en radio y televisión, pues ningún artículo en que fundamenta su competencia le da dicha atribución.

En efecto, la resolución impugnada proviene de un acto que desde ninguna óptica puede considerarse legal, pues se insiste, en ninguna disposición normativa, se le faculta al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (Director Ejecutivo), para requerir informes, a las concesionarias de Televisión, y como prueba de ello, basta con la simple lectura a las disposiciones normativas que ahora se estiman violadas, y por ser la competencia un estudio previo y oficioso de ese H. Tribunal, se deberá desentrañar el sentido y alcance de cada artículo, en donde se aprecia que no existe disposición normativa que le arroje competencia a este funcionario.

Esta situación se avistó en el escrito de contestación AD CAUTELAM de fecha 19 de febrero de 2009, en donde se señaló que el Director Ejecutivo carecía de la facultad necesaria para requerir información a mi mandante, precisamente porque no existía artículo que le facultare, tal y como se puede apreciar de la lectura del párrafo 4o de la página 6 de la Resolución Impugnada.

Por lo anterior, y al haber negado lisa y llanamente que exista disposición normativa que faculte al Director Ejecutivo para requerir información alguna, solicito que previo al estudio de fondo del presente asunto se realice un previo estudio de la competencia de dicha autoridad, ya que de ser fundado el presente agravio, todos los efectos y consecuencias que siguieron a la emisión del oficio de requerimiento, son ilegales por ser fruto de un acto viciado de origen.

Ahora bien, respecto a la función consistente en la verificación y monitoreo, es un acto que en su caso, debió ser colegiado con la Junta General del Instituto.

Por ello, el inicio del procedimiento especial sancionador electoral es fruto de un acto viciado de origen, y por ello comparte su naturaleza, que no es otra que ilegal.

Aunado a lo anterior el pretendido inicio del procedimiento en comento, bajo ninguna circunstancia se puede decir que cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, pues no se tuvo acceso a las indagatorias o actos internos (ínter administrativos propiamente) que le llevaron a la conclusión que era de iniciarse un procedimiento de esta naturaleza, situación ilegal y que afecta las garantías de mi mandate.

Actos y que se insiste, son del tipo que afecta la esfera jurídica del gobernado y que por ello, debieran hacerle de su conocimiento, pues su ámbito material de aplicación, repercutió en mi mandante.

Además, el Oficio DEPPP/STCRT/0068/2009 fue emitido fuera de tiempo, dado que la autoridad contaba sólo con el plazo de 12 horas contadas a partir del presunto incumplimiento para requerir información a mi mandante, hecho no realizó sino hasta el pasado 18 de febrero de 2009, a las 11:00 AM, esto es, más de 12 horas después, hecho que reconoce la autoridad en la resolución Impugnada.

El desahogo del Procedimiento Especial Sancionador es indebido dado que de la vista que dio el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos no se determinó si el procedimiento debía iniciarse era el sancionador ordinario o el especial sancionador y en esa medida, no se expresa en el documento del referido Director justificación o manifestación alguna al respecto.

Sin embargo, a partir de dicha vista, y sin expresar los motivos que le conducen a tal determinación, la Secretaría del Consejo General emplazó a mi representada "al procedimiento previsto en el Libro Séptimo, Título Primero, Capítulo Cuarto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho y se cita a la audiencia prevista en el artículo 369 del mismo ordenamiento", el cual se refiere al denominado Procedimiento Especial Sancionador, tal como se desprende del cuerpo del oficio que se impugna.

Lo anterior cobra especial relevancia si se considera que del texto literal del artículo 59 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión, en conjunto con los Capítulos Segundo, Tercero y Cuarto del Libro Séptimo del Código Electoral Federal, así como del Reglamento de Quejas y Denuncias, no se sigue expresamente que la conducta imputada a mi representada deba necesariamente seguirse por el procedimiento especial que se intenta y no por el procedimiento sancionador ordinario.

De ahí que no fuera procedente el inicio del procedimiento respectivo, mismo que concluyó en la Resolución Impugnada, por ello, si los vicios del procedimiento son tales que afectan las defensas de mi mandante, y que proviene (fruto) de actos que se estiman ilegales, es por ello que se deberá revocar la resolución, dejándose sin efectos.

En apoyo a lo anterior, la siguiente tesis:

ACTOS VICIADOS. FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época:

Amparo directo 504/75. Montacargas de México, S. A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos

Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos.

Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk de México, S. A. de C. V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos.

Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de Baja California, S. A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos.

Amparo directo 301/78. Refaccionaría Maya, S. A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos.

No. Registro: 394,521, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Tesis: 565, Página: 376, Genealogía: 7A ÉPOCA: VOL121-126 PG. 280 7A ÉPOCA TCC: TOMO I PG. 171, APÉNDICE 75: TESIS NO APA. PG., APÉNDICE '85: TESIS NO APA. PG., APÉNDICE'95: TESIS 565 PG. 376.

Con base en lo anterior, y teniendo como premisa que la Resolución Impugnada es fruto de varios actos viciados de origen, es que por ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, deberá revocarse.

QUINTO. Violación a los artículos 79, 80, 129, 197, 202 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con los artículos 1, 6, numeral 4 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, por una indebida admisión y valoración de las pruebas ofrecidas por el Directo Ejecutivo y que llevaron a la autoridad demandada a resolver que era de imponerse una multa a mi mandante.

En efecto, tal y como se puede acreditar con el Oficio SCG/311/2009, en el apartado de ofrecimiento de pruebas, en el numeral 2, el Secretario Ejecutivo del Consejo General de Instituto Federal Electoral, ofreció la prueba técnica consistente en los testigos de grabación que supuestamente acreditan una conducta de mi mandante.

Ahora bien, la autoridad demandada, en la Resolución Impugnada, en forma por demás arbitraria, determina que dicha prueba había sido emitida por el Comité de Radio y Televisión y que por esa circunstancia tenía valor probatorio pleno, circunstancia por demás ilegal, y apartada de los principios generales de la prueba.

En principio la prueba es un elemento de convicción y medio para llegar de una verdad desconocida a una conocida, su ofrecimiento, desahogo y valoración se encuentran regidos bajo ciertos principios generales como el de necesidad de la prueba, prohibición de modificar su ofrecimiento, contradicción de la prueba, entre otros.

Por otro lado, el sistema de valoración y apreciación de la prueba que realiza en este caso la autoridad apelada, se rige bajo un sistema mixto, que incluye al legal y al de libre apreciación, pero necesariamente de una manera razonada.

Por otro lado, se dice, en principio que el alcance y valor probatorio de un testigo de grabación, no puede bajo ninguna óptica, tener por acreditada una conducta de mi mandante, puesto que esa prueba se limita a reproducir una serie de imágenes, que se desconoce si fueron manipuladas, mutiladas, modificadas o alteradas.

Esta prueba, no puede tener valor probatorio pleno, ya que no reúne ningún requisito en términos del artículo 202 del CFPC, pues no fue emitido por una autoridad. En efecto no le asiste la razón a la demandada, en primer lugar porque el Director Ejecutivo no la ofreció así y porque no señaló que la hubiere emitido o elaborado el Comité de Radio y Televisión.

Ahora, si la demandada señala que esta autoridad (Comité), la emitió en ejercicio de sus funciones, se dice entonces que la prueba es ilegal, porque no existe fundamento en el Reglamento de Radio y Televisión que señale que el Comité tiene la atribución y competencia para crear y grabar pruebas y, en su caso, que las mismas cuentan con valor probatorio pleno.

En su caso dicha prueba debió haber sido apoyada por algún dictamen técnico del que se desprendiera de forma particular las circunstancias que esa Autoridad pretendía probar.

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis:

GRABACIONES EN CINTAS MAGNETOFÓNICAS, REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Es indiscutible que sólo un técnico puede identificar con certeza, si una de las voces grabadas en una cinta magnetofónica corresponde a la persona a la que se atribuye. Esto significa que el juez sólo podrá otorgar valor probatorio a una cinta de esta naturaleza, si está apoyada en los dictámenes de asesores técnicos, según lo previene el artículo 409 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que dispone: "En todo caso en que se necesiten conocimientos técnicos especiales, para la apreciación de los medios de prueba a que se refiere este capítulo, el juez podrá estar asistido de un asesor técnico, que designará en la forma prevista para la prueba pericial."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 538/95. María Débora Torres González. 7 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: María Guadalupe Herrera Calderón.

No. Registro: 203,224, Tesis aislada, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Febrero de 1996, Tesis: VI.3o.23 C, Página: 423.

GRABACIONES MAGNETOFÓNICAS. SU VALOR PROBATORIO.- La doctrina ha sido uniforme desde antaño, al considerar medios de prueba imperfectos a los documentos privados, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la cierta dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones, entre otros argumentos, por mayoría de razón es aplicable ese criterio respecto a las grabaciones de la voz de personas, mediante los distintos medios electrónicos existentes, pues es hecho notorio e indudable, que actualmente hay, al alcance del común de la gente, un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos, para la obtención de la grabación, de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la imitación total o parcial de las voces; de la mutilación o alteración del discurso verdadero de alguien, suprimiendo lo inconveniente al interesado, uniendo expresiones parciales para conformar una falsa unidad, enlazando, por ejemplo, la admisión o afirmación dirigida a un determinado hecho, con otro hecho que en realidad fue negado, etcétera. Por tanto, para que tales medios probatorios hagan plena, deben ser perfeccionados con otros elementos, fundamentalmente con el reconocimiento expreso o tácito de la persona contra quien se utilizan, por un exhaustivo dictamen de peritos, mediante la testimonial de personas que también hayan intervenido en el momento en que se dice expresado el contenido de la grabación, etcétera, pues sólo de esa manera podría existir un fundamento lógico para formar en el juzgador cabal convicción, conforme a lo determinado por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 6102/92. Yolanda Juárez Hernández. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez.

No. Registro: 217,307, Tesis aislada, Materia(s): Civil, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XI, Febrero de 1993, Tesis: l.4o.C. 183 C, Página: 259.

Derivado de esta circunstancia se dice entonces que la valoración de una grabación en un medio magnético no puede tener pleno valor probatorio, pues no acredita que las imágenes que se aprecian derivan de una conducta de mi mandante, y debieron en su caso perfeccionarse, por lo que al no ser así, el hecho que pretendía acreditar resulta falso, aunado a que si fueron "hechas" por el Comité, en aras de la seguridad jurídica, debieron citarse los fundamentos para hacerla (la disposición normativa que atribuya competencia), pues es claro que en un estado de derecho como el que nos rige, todo acto de autoridad deberá ser necesariamente por escrito, situación que no aconteció, y por ello se deberá revocar la resolución apelada.

En tal virtud, al no haber sido debidamente sustentada la resolución sujeta a debate, es claro que en el presente asunto deberá revocarse dicho acto administrativo por así proceder conforme a derecho.

SEXTO.- En el presente agravio se hace valer la violación al imperativo legal contenido en el artículo 355, párrafo 5, inciso f) del COFIPE en relación con los artículos 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que resuelve imponer una sanción a mi mandante sin que en el caso cumpla con los requisitos contenidos en los numerales de referencia, los cuales han sido reiterados por nuestro máximo Tribunal y por esta H. Sala Superior.

a) Señala el artículo 16 de la Carta Magna, que los actos de autoridad deberán estar debidamente fundados y motivados, entendiendo por lo anterior que se deberá citar el precepto legal aplicable al caso en particular, así como las circunstancias de hecho, causas inmediatas o razones que tomó en cuenta la autoridad para emitir el acto en comento; además deberá existir adecuación entre el fundamento legal invocado y las circunstancias especiales del caso en particular que se actualizó, de tal forma que los elementos integrantes de la hipótesis normativa contenida en la norma jurídica estén plenamente acreditados en la realidad fáctica, cumpliendo así con una completa adecuación de la norma jurídica de que se trate con las situaciones de hecho que en vedad sucedieron. El artículo constitucional antes referido señala en la parte que nos interesa lo siguiente:

Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En este sentido, los principios de fundamentación y motivación no son ajenos a la materia electoral, y por ello, los actos administrativos que deban notificarse, deberán estar debidamente fundados y motivados, entendiendo por lo anterior que se deberá citar el precepto legal aplicable al caso en particular así como las circunstancias de hecho, causas inmediatas o razones que tomó en cuenta la autoridad para emitir el acto en comento y que se hubieran verificado ciertamente en la realidad.

Los citados requisitos se componen de dos aspectos: uno formal y otro material; el primero se cumple al momento que las autoridades invocan las circunstancias de derecho y de hecho que, a su juicio, dan lugar a la emisión del acto de molestia; por su parte, el aspecto material sólo se cumple si los fundamentos de derecho y las circunstancias de hecho son ciertos, correctos y adecuados, esto es, si son aplicables al caso en particular, debiendo existir una relación de causalidad entre ambos requisitos.

Confirman el anterior razonamiento, las siguientes tesis jurisprudenciales:

FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 242/91. Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.

Amparo directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 22 de Enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.

Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, S.A. 12 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.

Amparo directo 493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza.

Amparo directo 101/92. José Raúl Zarate Anaya. 8 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.

Octava Época. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 54, Junio de 1992, Tesis V.2o. J/32, Pág. 49.

FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN.- La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.

Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

Novena Época, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Tesis: Vl. 2o. J/43, Pág. 769.

Por su parte los artículos 22 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen los requisitos que las multas administrativas deberán revestir y como ha sido reconocido por el Poder Judicial Federal en diversos criterios que ha sustentado.

MULTAS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN CUMPLIR.- Para considerar que una multa impuesta a un particular cumple con lo establecido por los artículos 16 y 22 Constitucionales, deben cumplirse ciertos requisitos. Haciendo una síntesis de las interpretaciones que la justicia federal ha dado a lo dispuesto en los preceptos constitucionales citados, se debe concluir que los requisitos son los siguientes: I.- Que la imposición de la multa esté debidamente fundada; que se exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso. II.- Que la misma se encuentre debidamente motivada; es decir, que señale con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la imposición de la multa, y que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. III.- Que para evitar que la multa sea excesiva, se tome en cuenta la gravedad de la infracción realizada o del acto u omisión que haya motivado la imposición de la multa; que se tomen en cuenta la gravedad de los perjuicios ocasionados a la colectividad, la reincidencia y la capacidad económica del sujeto mencionado. IV.- Que tratándose de multas en las que la sanción puede variar entre un mínimo y un máximo, se invoquen las circunstancias y las razones por las que se consideró aplicable el caso concreto, el mínimo, el máximo o cierto monto intermedio entre los dos.

Revisión No. 1441/85.- Resuelta en sesión del 16 de enero de 1984, por mayoría de 6 votos y 3 en contra.- Magistrado Ponente: Francisco Ponce Gómez.- Secretario: Lic. Miguel Toledo Jimeno.-

Revisión No. 2645/82.- Resuelta en sesión de 6 de septiembre de 1983, por unanimidad de 6 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Cortina Gutiérrez, Secretaria: Lic. Ana María Mujica Reyes.

Revisión 989/83.- Resuelta en sesión de 13 de junio de 1984, por mayoría

de 5 votos y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Sofía Sepúlveda Carmona.

Revisión No. 1321/82.- Resuelta en sesión de 26 de octubre de 1984, por unanimidad de 6 votos.- Magistrado Ponente: Francisco Ponce Gómez.- Secretario: Lic. Miguel Toledo Jimeno.

De lo hasta ahora expuesto podemos llegar a una primer conclusión en el sentido de que el Instituto Federal Electoral o cualquier autoridad que pretenda sancionar a un particular haciendo uso de las facultades de imperio de que están revestidas, se encuentran obligadas a respetar los principios y garantías constitucionales previstos en los artículo 16 y 22 de nuestro máximo ordenamiento (requisitos éstos que se hacen constar en la jurisprudencia apenas transcrita), a efecto de proceder válidamente a la imposición de una multa.

Ahora bien, los principios y garantías antes citados, los retoma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en específico en el diverso artículo 355, punto 5, inciso f) que dispone expresamente los elementos y circunstancias que la autoridad electoral debe tomar en cuenta para individualizar una sanción.

Para mayor claridad procedemos a transcribir la parte del precepto que nos interesa:

Artículo 355 (Se transcribe).

En concordancia y para robustecer lo anterior la Sala Superior del Tribunal Federal Electora del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado respecto del tema en cuestión refiriéndose a los elementos de las sanciones administrativas en materia electoral y a las circunstancias particulares y subjetivas al momento de imponer las mismas, de conformidad con las siguientes jurisprudencias.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- (Se transcribe).

ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. (Se transcribe).

De las jurisprudencias antes vertidas se desprende con meridiana claridad que la facultad del Instituto Federal Electoral para imponer sanciones no es ilimitada e irrestricta, sino por el contrario se encuentra vinculada a respetar una serie de requisitos y condiciones regulados tanto a nivel legal como jurisprudencial. En efecto, la Autoridad Electoral tiene que señalar de forma clara y expresa las razones que demuestren i) la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; ii) las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; iii) las condiciones socioeconómicas del infractor; iv) las condiciones externas y los medios de ejecución; v) la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; vi) el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

No es suficiente con mencionar someramente que se tomó en cuenta los requisitos antes descritos, sino que es necesario acreditar la actualización de dichos supuestos, mediante los razonamientos lógicos jurídicos que así lo demuestren, que expliquen cómo y por qué la falta se considera intención; al cuál es y cómo, con base en qué elementos objetivos se determinó la capacidad económica del infractor; y en qué consiste y con base en qué se determinó la gravedad de la infracción, las condiciones externas y los medios de ejecución. En su caso el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de la obligación.

Todos estos requisitos son necesarios para que las multas administrativas cumplan con la garantía de debida fundamentación y motivación que consagra el artículo 16 constitucional y requisitos reiterados por la jurisprudencia emitida por nuestros más altos Tribunales.

En la especie, la Autoridad Electoral emite una resolución a través de la cual sanciona a mi representada, sin cumplir correctamente con los lineamientos dispuestos en el artículo 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales incurriendo en una indebida fundamentación y motivación; requisito constitucional para cualquier acto de autoridad sin distingo alguno, tal y como se ha venido señalando a lo largo del presente argumento.

En este sentido, en la resolución CG86/2009 de fecha 9 de marzo de 2009, dictada en el expediente SCG/PE/CG/026/2009 por el Consejo General del Instituto Federal Electoral se omite dar cumplimiento cabal a los requisitos señalados en las líneas que anteceden, toda vez que en ninguna de las partes del documento continente de la sanción sujeta a debate, se satisfacen correctamente todas las condiciones señaladas a efecto de considerar que la multa impuesta se emitió de manera adecuada.

En primer lugar, la autoridad demandada en ningún momento se refiere a la capacidad socioeconómica de mi representada, sino únicamente se limita señalar que la multa impuesta en cantidad total de $250,000.00, no es excesiva o de carácter gravoso para mi mandante, atendiendo a las utilidades obtenidas por una persona moral distinta a la recurrente.

Sin embargo, no detalla cuales son las condiciones socioeconómicas de mi representada tal y como lo dispone el artículo 355 de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En efecto, la contraria señala textualmente que:

"A) Las condiciones socioeconómicas del infractor.

En este sentido, y a efecto de probar que la multa impuesta no es excesiva, esta autoridad trae a acotación el Reporte de Información Financiera que Grupo Televisa rindió a la Bolsa Mexicana de Valores, correspondiente al tercer trimestre del año dos mil ocho, y que se encuentra visible en la página web de esta entidad bursátil, sita en la dirección electrónica http://www.bmv.com.mx. y que es del tenor siguiente:

…

La información en comento, genera en esta autoridad ánimo de convicción y valor probatorio idóneo para afirmar que el monto de la sanción impuesta, en forma alguna puede calificarse como excesivo, o bien, de carácter gravoso para Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. Lo anterior, en términos de la siguiente tesis, dictada por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, a saber:

Nótese la redacción del párrafo, considera que la multa no es excesiva porque compara las utilidades de Grupo Televisa que arroja un supuesto Reporte de Información Financiera que obtuvo de Internet; sin embargo, este extraordinario esfuerzo de motivación, estos argumentos lúcidos y dramáticos de alusión de las utilidades de otra persona moral que no es mi representada, no pueden servir como razonamiento para concluir que la multa no es excesiva.

Lo que tenía que haber hecho, era allegarse de información financiera de Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. que es la persona jurídica a la que se le impuso la multa, es decir, no es válido que la autoridad pretenda motivar la condición socioeconómica de mi representada invocando datos o elementos que corresponden a otra persona moral que tiene tanto personalidad jurídica como patrimonio propio y diferente.

Los argumento de la autoridad electoral no dejan de ser frases dadas al aire, sin correspondencia alguna en la realidad y que a la postre se tornan absurdas, en la medida en que no existe sustento para las mismas al referir el patrimonio de Grupo Televisa, sujeto de derecho diferente al que se sancionó.

Ello es así, porque de la lectura de la resolución que se controvierte, no se indica cómo la autoridad demandada llegó a la conclusión de cual es la condición socioeconómica de mi representada y que las utilidades de otra persona moral es sinónimo de condición económica, por ende se dice que la resolución sujeta a debate carece de los mínimos requisitos de fundamentación y motivación.

Así es fácil concluir que los razonamientos que utiliza la autoridad son subjetivos para determinar las condiciones socioeconómicas de la empresa infractora e imponer una multa acorde con dichas circunstancias, toda vez no utiliza elemento objetivo alguno que le permita concluir cuáles son en efecto las condiciones económicas de la empresa actora.

No es óbice a lo anterior el hecho de que la autoridad electoral manifieste que es un hecho público y notorio que mi representada pertenece a Grupo Televisa, toda vez que una sociedad tenga participación accionaria de otra, no quiere decir que son entes jurídicos con un mismo patrimonio.

En este sentido, no hay que pasar por alto que una de las principales características de las Sociedades Anónimas es que los socios accionistas sólo responden hasta por el monto de sus acciones de las que sean propietarios; en consecuencia, el hecho de que una persona moral sea propietaria de las acciones de otra sociedad no significa que tengan la misma capacidad económica sino por el contrario ésta se determinará de conformidad con el haber patrimonial de cada ente jurídico.

Por lo que toca al requisito que debe comprobar la autoridad sobre el monto beneficio, lucro o perjuicio del incumplimiento de obligaciones por las que se sancionó, la autoridad electoral sostiene expresamente a foja 69, que mi mandante causó un perjuicio a los objetivos buscado por el legislador ya que los partidos políticos tienen el derecho de usar de manera permanente los medios de comunicación social.

Asimismo señala que la conducta de mi representada causó un daño a los objetivos buscados por el legislador, porque i) el actuar de "Cadena" estuvo intencionalmente encaminado a infringir la normatividad comicial en detrimento de la prerrogativa constitucional y legal de los partidos políticos; ii) quedó acreditado que la concesionaria tuvo conocimiento cierto día y hora de los materiales que debía transmitir y iii) se evidenció que la concesionaria conocía su obligación transmitir los promocionales de 30 segundos de los partidos políticos no obstante ello omitió hacerlo, o bien, lo realizó de forma distinta.

De lo antes vertido, se desprende los razonamientos que realiza el Consejo General del Instituto Federal Electoral con las que pretende argumentar que se causó un daño a los objetivos buscados por el legislador; sin embargo, los hechos con los que pretende sustentar su determinación lamentablemente son equivocados ya que contrario a lo que manifiesta, la hoy recurrente no tuvo la intención de dejar de transmitir los promocionales de los partidos políticos, ya que si bien es cierto no se trasmitieron todos, no menos lo es que no se le notificó a mi mandante con el tiempo previsto en el reglamento respectivo a esa materia tal y como se ha desarrollado a lo largo del presente recurso y por ende se vio imposibilitada de transmitir todo los spot y en la fechas señaladas.

Lo anterior, denota una falta de seguridad e incertidumbre para mi representada, ya que no incurre en una deficiente motivación para argumentar el daño supuestamente causado.

Por otro lado, el perjuicio, según lo establecido en el artículo 2109 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la materia administrativa, es la privación de cualquiera ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de una obligación.

En tales condiciones, también es importante señalar que si bien es cierto la autoridad electoral refiere un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no menos lo es que no cuantifica o describe detalladamente cual es la ganancia lícita de la que se privó a los citados objetivos a los que hace alusión.

Es decir, la autoridad al señalar que hubo un perjuicio, debió haber partido del elemento esencial de esta figura jurídica que es precisamente la privación de una ganancia lícita.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que supuestamente se hubiera actualizado tal perjuicio, era necesario que se señalara en qué consiste a cuánto asciende y de dónde se obtiene el dato respecto del mismo, si es que realmente existe el citado perjuicio.

Si la autoridad no cumple con estos requisitos, es claro que en la especie se actualiza una violación a los artículos que se citan al inicio del presente concepto de impugnación.

Con lo que se evidencia una clara falta de debida motivación a la que se encuentra vinculada por el inciso f) punto 5 del artículo 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo anterior, se actualiza la ilegalidad de la resolución ya que la autoridad no puede argumentar que no motiva tal circunstancia por el simple hecho de que no tiene elementos; por el contrario, era su deber allegarse de los mismos para razonar su resolución y así motivar la resolución que nos ocupa.

Asimismo, por cuanto hace al elemento consistente en la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones legales en atención al bien jurídico tutelado, se indica lo siguiente:

La autoridad señala en la resolución recurrida, que la conducta desplegada por mi representada debe de calificarse con una gravedad mayor en atención a lo siguiente.

Y señala a foja 64:

"En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta debe calificarse con una gravedad especial, ya que la misma, como se explicó en el apartado de intencionalidad, tuvo como finalidad infringir de forma directa los objetivos tutelados por la norma relativos a omitir transmitir en forma distinta los promocionales de 30 segundos de los partidos políticos, conforme a las pautas aprobadas por esta autoridad debía transmitir, además de que se trata de una pluralidad de conductas con las cuales se transgredió la normatividad electoral vigente y se realizó dentro de un proceso electoral.."

Si se analiza con detenimiento el texto anterior, se apreciará que la autoridad demandada realiza un examen incorrecto, para valorar la gravedad de la infracción, puesto que únicamente se limita a afirmar de forma dogmática que se debe clasificar con una clasificación con una especial gravedad.

Sin embargo, no señala cuál es el cuantificación para considerar una conducta como grave, muy grave o ligeramente grave, es decir, no señala previa y específicamente bajo que medida o que conductas se van a clasificar como graves o sin gravedad.

Es deficiente la motivación de la autoridad ya que incurre en diversas falacias al no señalar de forma clara y concreta por qué es de gravedad mayor la infracción cometida por mi mandante.

En conclusión, la autoridad demandada tampoco hace constar de manera correcta los motivos, causas y razones por los cuales la conducta de imputada a mi representada se consideran de gravedad mayor como para considerar plenamente procedente la imposición de una multa equivalente al monto en que la impuso y no una multa equivalente al mínimo o a otra cantidad.

Al no haber razonado la gravedad de la conducta de mi mandante ni correctamente su capacidad económica, la sanción controvertida deviene en excesiva de conformidad con las jurisprudencias que enseguida se transcriben:

MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.- De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva contenido en el artículo 22 constitucional, se puede obtener los siguientes elementos: a) una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) cuando se propasa va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la Lev que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho, que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinara individualizadamente la multa que corresponda.

Amparo en Revisión 2071/93. Grupo de Consultores Metropolitanos, S.A. de C.V., 24 de abril de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario Indalfer Infante González.

Amparo Directo en Revisión 1763/93. Club 202, S.A. de C.V. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaría: Angelina Hernández Hernández.

Amparo Directo en Revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario Salvador Castro Zavaleta.

Amparo en revisión 900/94. Jovita González Santana. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.

Amparo en Revisión 928/94 Comerkin S.A. de C.V., 29 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitron. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.

El Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el veinte de junio del año en curso, por unanimidad de diez votos de los señores ministros, Presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitron, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortíz Mayagoitia y Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 9/1995(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarlas. México Distrito Federal a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco.

MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PENAL.- Es inexacto que la "multa excesiva", incluida como una de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, deba entenderse limitada al ámbito penal y, por tanto, que sólo opere la prohibición cuando se aplica por la comisión de ilícitos penales. Por lo contrario, la interpretación extensiva del precepto constitucional mencionado permite deducir que si prohíbe la "multa excesiva" como sanción dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical dentro de las conductas prohibidas normativamente, por extensión y mayoría de razón debe estimarse que también está prohibida tratándose de ilícitos administrativos y fiscales, pues la multa no es una sanción que sólo pueda aplicarse en lo penal, sino que es común en otras ramas del derecho, por lo que para superar criterios de exclusividad penal que contrarían la naturaleza de las sanciones, debe decretarse que las multas son prohibidas, bajo mandato constitucional, cuando son excesivas, independientemente del campo normativo en que se produzcan.

P./J.7/95

Amparo en revisión 2071/93.- Grupo de Consultores Metropolitanos, S.A. de C.V., 24 de abril de 1995.- Unanimidad de once votos.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro.- Secretario: Indalfer Infante González. Amparo directo en revisión 1763/93.- Club 202, S.A. de C.V.- 22 de mayo de 1995.- Unanimidad de nueve votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretaria: Angelina Hernández Hernández. Amparo directo en revisión 866/94.- Amado Ugarte Loyola.- 22 de mayo de 1995.- Unanimidad de nueve votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario: Enrique Escobar Ángeles. Amparo en revisión 900/94.- Jovita González Santana.- 22 de mayo de 1995.- Unanimidad de nueve votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario: Salvador Castro Zavaleta. Amparo en revisión 928/94.- Comerkin, SA de C.V.- 29 de mayo de 1995.- Unanimidad de nueve votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: Francisco de Jesús Arreóla Chávez.

En tal virtud, insistimos que la resolución impugnada además de violentar el artículo 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es claro que la resolución que hoy se recurre carece de una debida fundamentación y motivación, además que multa es excesiva y en ese sentido deberá reconocerlo esa H. Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que la autoridad demandada al imponer la señalada sanción no tomó en cuenta: (i) la gravedad de la infracción cometida por mi mandante, (ii) su capacidad socioeconómica, (iii) el perjuicio causado, (iv) y tampoco invoca cualquier otro elemento del que pueda inferirse acertadamente la gravedad o levedad del hecho infractor presuntamente cometido. Así pues, es claro que la autoridad demandada no pudo determinar de manera individualizada y correcta la multa que se combate.

Además de lo antes señalado, no debe pasar por alto lo previsto por el artículo 2, punto 1 de la Ley General, esa H. Sala deberá resolver, que ordena la aplicación a casos como el que ahora se somete a consideración de esa H. Sala Superior, de los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal en materia de Sanciones Administrativas Electorales.

En efecto, los principios del derecho administrativo sancionador tienen su origen en el derecho penal, con motivo de un avance y protección de los derechos fundamentales y humanos de los gobernados y, una restricción a las facultades o derecho sancionador inherente a la función estatal (ius puniendi) en aras de una pacífica convivencia social.

Estos principios penales sustantivos, son entre otros, (i) el principio de legalidad (nulum crimen, nula pena sine lege), (ii) el principio de non bis in idem, que refiere la imposibilidad de ser juzgado dos veces por la misma conducta, (iii) el de presunción de inocencia, in indubio pro reo, (iv) el principio de tipicidad, (v) culpabilidad, (vi) de prescripción de sanciones, (vii) prohibición de imponer sanciones por simple analogía o mayoría de razón; principios que válidamente se deben aplicar al derecho administrativo sancionador, es decir, extrapolando el derecho penal al administrativo.

Los principios de legalidad y tipicidad, cobran singular relevancia en el caso concreto, dado que establecen de forma medular que nadie puede ser sancionado por una falta administrativa (delito), sin que exista previamente una norma jurídica (ley) que prevea específica, expresa, clara y particularmente el supuesto normativo constituyente de una conducta prohibida por el orden jurídico, a saber, una infracción.

Es decir, debe existir de manera obligada una norma jurídica que sea exactamente aplicable al caso en concreto.

Sentada esta premisa, en el caso específico es claro que los principios antes apuntados que rigen en la materia penal, deberán ser aplicados mutatis mutandis al derecho administrativo electoral sancionador, evento que cobra relevancia en el caso concreto de mi representada.

Ahora bien, en el caso específico se somete a consideración de esa H. Sala, la resolución del Consejo General por la que se determinó sancionar a mi mandante en términos pecuniarios de forma indebida, dado que la sanción respectiva no cumplió de forma cabal con todos los requisitos que se deben colmar en el caso de sanciones impuestas a entidades reguladas por el COFIPE.

En efecto, fácil es advertir lo anterior dado que en la especie no se atendió a la verdadera capacidad económica de mi mandante, ya que dato específicos de la ahora actora no se tomaron en cuenta, sino que se invocaron elementos informativos de una empresa diversa; mucho menos se consideró de forma clara y específica la gravedad de la infracción, y, dicho además, lo que pretendió la autoridad invocar como circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción bajo ninguna óptica se pueden considerar como tales.

Así, habrá de considerar que al no ser cumplidas los requisitos propios para la imposición de las sanciones específicas a la luz del COFIPE y del Derecho Administrativo Sancionador, es claro que lo procedente resulta la declaratoria sobre la revocación de la resolución sujeta a debate.

Estos principios y teorías en materia del derecho administrativo sancionador electoral, han sido retomados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, tal y como se señalan en los siguientes precedentes:

"ANALOGÍA Y MAYORÍA DE RAZÓN. ALCANCES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL". (Se transcribe)

En ese mismo sentido:

"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.- (Se transcribe).

En la especie, se deberá emitir una sentencia por la que, en su caso, se revoque la resolución impugnada, y se resuelva en el sentido de no sancionar a mi mandante por las razones antes referidas."

El oficio DEPPP/SCTRT/0068/2009 fue emitido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, con el fin primordial de requerir a la actora la rendición de un informe respecto de presuntas irregularidades en la transmisión de los mensajes de los partidos políticos, durante el período de precampañas locales en el Estado de San Luis Potosí.

Lo anterior se considera así, en razón de que la actora parte de la premisa errónea de que con el oficio DEPPP/SCTRT/0068/2009, de once de febrero de dos mil nueve, notificado el dieciocho siguiente, mediante el cual se requirió para que informara respecto de la posible omisión en la transmisión de promocionales pautados, se informaba del inicio del procedimiento sancionador respectivo, lo cual es inexacto puesto que, como ya se vio, el emplazamiento al procedimiento instaurado en su contra se dio hasta el seis de marzo del presente año, a través del oficio SCG/311/2009, del cual, dicho sea, es posible advertir que sí se le informa que se trata de un procedimiento especial sancionador.